POR: EDUARDO AZATO / Ed.221 DIC.2022-ENE.-FEB.2023
FOTOS: Densho Digital Repository, Dorothea Lange, Art Shibayama, B. Shibayama, Familia Takahashi
*Cerca de 1,800 fueron deportados del Perú y la mayoría no pudo volver.
Este año se cumplieron 80 años de un grave atentado contra las libertades de personas de origen japonés residentes en las Américas. El caso de los campos de concentración en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
“No cometí ningún crimen, no participé en actividades de propaganda para el gobierno japonés y, por supuesto, tampoco hice espionaje o me envolví en actividades prohibidas. No puedo entender bajo qué criterios mi nombre aparecía en esa lista…”, se preguntaba Seiichi Higashide, un exitoso y respetado comerciante japonés que había llegado al Perú en 1931 y que había echado raíces en la ciudad de Ica.
El nombre de Higashide figuraba en una llamada “lista negra” de supuestos elementos subversivos que debían ser expulsados del Perú. Posteriormente, junto a su esposa Angélica y sus seis hijos, fue parte de las casi 1,800 personas que el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche deportó del Perú desde 1942 por encargo del gobierno estadounidense, que los confinó a vivir en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
Este 2022 se recordaron ocho décadas de ocurrido este atropello contra los derechos humanos de decenas de miles de personas cuyo principal pecado fue ser japoneses o ser hijos de ellos.
Fue una violación de las libertades civiles y una experiencia dolorosa y humillante que tuvo como víctimas a miles de inocentes en las Américas, motivada por el prejuicio y la xenofobia.
PEARL HARBOUR: EL DETONANTE
El sorpresivo ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 marcó el ingreso de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial y entre las medidas que el gobierno de Franklin D. Roosevelt adoptó para afrontarla figuró un mandato para recluir a los japoneses y sus descendientes residentes en la costa oeste del país y otros estados, trasladándolos por la fuerza y encerrándolos en 10 campos de concentración en el desierto, bajo vigilancia armada. El número superaba las 110 mil personas.
Al día siguiente del ataque a la base hawaiana, rápidamente el gobierno peruano reaccionó declarando la prohibición de movimientos en cuentas bancarias y valores que pertenecían a los japoneses (que en la práctica no eran diferenciados de sus hijos, ciudadanos peruanos).
Años atrás, desde la década de los 30, en el Perú se vivía un sentimiento antijaponés azuzado por la prensa y algunos personajes de la política. El carácter cerrado de la colonia japonesa, así como el rápido crecimiento económico de sus integrantes en ramos del comercio y servicios en varias regiones del país, fue visto con recelo por diferentes sectores y este descontento fue aprovechado políticamente. Esta situación, aunada en el frente internacional al expansionismo militar del Japón ocupando países del Asia, alimentaban la desconfianza, al punto que desde 1941 el FBI investigaba a las comunidades japonesas en Latinoamérica. En esa época comenzó la vigilancia a los “potenciales espías”.
La paranoia y el odio racial hicieron que en mayo de 1940 turbas violentas instigadas por grupos antijaponeses que acusaban a la comunidad japonesa de tener un arsenal de armas y de actividades de espionaje, desataran un saqueo general en Lima y provincias que tuvo como foco los negocios regentados por japoneses, un brutal ataque que no fue impedido por las fuerzas del orden en sus momentos más álgidos, y que dejó como saldo a más de 600 familias damnificadas.
LA “LISTA NEGRA”
Con el ingreso de EE.UU. a la conflagración bélica, y con la totalidad de los gobiernos latinoamericanos apoyando a las fuerzas aliadas, la orden de aislar a los japoneses “peligrosos a los intereses norteamericanos” se extendió a todo el continente, con lo que comenzó a elaborarse una lista de individuos a los que los gobiernos debían mantener sobre vigilancia y deportar por ser “potenciales enemigos extranjeros”. No todos fueron devueltos a sus países (en las listas también figuraban alemanes e italianos), la mayoría tuvo como destino los campos de internamiento en el desierto estadounidense.
En la relación de nombres que en el Perú fue consignada periódicamente y presentada a las autoridades a través de documentos titulados “Listas Proclamadas de Ciertos Nacionales Bloqueados”, figuraban más de 6 mil japoneses que vivían en el país.
Al final, fueron deportados 1,771 japoneses y descendientes de éstos. Todos ellos con arraigo en diversos departamentos del país y muchos nacidos en el Perú y, por consiguiente, con nacionalidad peruana. Hubo muchos niños entre los deportados y otros nacieron en los días de cautiverio. En la relación figuraban diplomáticos, exitosos empresarios, directivos de asociaciones japonesas en Lima y provincias, profesores de escuela, agricultores, estudiantes y simples comerciantes. Las listas eran elaboradas sin criterio alguno y cualquiera podría ser considerado. Fueron tomados prisioneros sin ninguna acusación formal ni juicio en ningún tribunal. Solo una sospecha de que podrían ser saboteadores y trabajar para el Ejército Imperial Japonés.
John K. Emmerson, un funcionario de la embajada norteamericana enviado por su gobierno expresamente para seleccionar a las personas que debían estar en las listas para deportación y reclusión en los campos, reconocería en 1978, en su libro de memorias, que nunca encontró evidencia alguna de actos de sabotaje, subversión o espionaje entre los japoneses del Perú.
Desde abril de 1942, hasta octubre de 1944, varios barcos salieron del puerto del Callao llevando japoneses y sus familias a las prisiones norteamericanas. En su ruta hasta los Estados Unidos, fueron embarcando otros provenientes de varios países de la región.
Hasta 13 países latinoamericanos deportaron a japoneses que vivían en su territorio, pero solo Perú y Panamá (que también desterró a 350 residentes para el programa de canje con prisioneros norteamericanos), lo hicieron en mayor número. Brasil y México no entregaron a ninguno, pero sí mantuvieron a muchos aislados en campos dentro de su territorio. En total, de Latinoamérica sumaron 2,108 expulsados.
LA VIDA EN CRISTAL CITY
El campamento de Crystal City (uno de los tres que se acondicionaron en Texas para recibir a prisioneros), fue el centro de internamiento más grande de los EE. UU. y el único construido exclusivamente para familias. El campamento tenía más de 200 hectáreas, con zonas agrícolas e instalaciones de apoyo. El área de vivienda principal era un complejo de 40 hectáreas, encerrado por una cerca de alambre de púas de tres metros, completa con torres de vigilancia con guardias armados y reflectores de luz. Como un pequeño pueblo, el complejo tenía 700 construcciones de madera que incluían viviendas familiares, escuelas, un hospital, tiendas, almacenes, mercados y áreas de recreación.
La población promedió 2800 internos durante toda la guerra, aunque alcanzó un pico de casi 3400 personas en diciembre de 1944, dos tercios de los cuales eran japoneses o sus descendientes. El campamento de Crystal City era el único que todavía estaba en funcionamiento en junio de 1946, cuando se ordenó clausurarlos.
Allí llegó la mayoría de peruanos desterrados, un lugar en el desierto en el que debieron acomodarse en barracas con polvo todo el tiempo, y en el que en verano debían aguantarse hasta 50 grados centígrados.
Muchos de los prisioneros, aún niños y adolescentes en la época, recuerdan haber sido trasladados desde el Callao en barco hasta Nueva Orleans, donde debieron pasar por extenuantes registros y la humillación de desnudarse para ser desinfectados con chorros de DDT, para luego seguir viaje en tren hasta Texas durante dos días, casi siempre con las ventanas cubiertas.
“Éramos como pájaros en una jaula. Con nuestras necesidades básicas resueltas por la administración del campo, sin labores físicas ni regulaciones que nos fueran forzadas a cumplir”, cuenta Seiichi Higashide en su autobiografía “Adios to Tears”, un excelente libro de memorias en la que este inmigrante nacido en Hokkaido cuenta su vida desde su infancia y juventud en Japón, los años que vivió en el Perú como próspero comerciante y líder de la comunidad en Ica, para luego relatar sus esfuerzos por permanecer con su familia en los EE.UU. y luchar hasta sus últimos días por conseguir una indemnización y disculpas del gobierno americano para los japoneses latinoamericanos que fueron internados en los campos.
FIN DE LA GUERRA E INICIO DE OTRA BATALLA
La guerra culminó y los campos fueron cerrados en 1946. A los japoneses americanos residentes, en un gesto humillante, su gobierno les dio 25 dólares y un pasaje de ónnibus a cualquier destino, con lo que debieron empezar una nueva vida o reiniciar la que tenían antes de ser declarados enemigos en su propio país.
Para los que llegaron de Perú las cosas fueron peores. Las alternativas eran irse deportados a un Japón en escombros, buscar quedarse en los EE.UU. o retornar al Perú.
Quienes eligieron ir al Japón (poco más de 900 personas, entre ellas, muchos niños y jóvenes peruanos acompañando a sus padres), se encontraron con lugares reducidos a cenizas en como Hiroshima y Okinawa (de donde procede un gran porcentaje de los japoneses en el Perú).
Al Perú no podían retornar por ser considerados indeseables por el gobierno de Prado, que años después solo permitiría el ingreso de aquellos que tuvieran nacionalidad peruana y sus familias, que solo fueron 79 personas.
Muchos como Higashide (364 personas) optaron por permanecer en los Estados Unidos y desde su carácter de “inmigrantes ilegales” pelear en los tribunales su derecho a la residencia, lo que ocurrió a través de las décadas siguientes, reconstruyendo un futuro para ellos y los suyos.
El gobierno de los Estados Unidos a través de ex presidentes como Ford, Reagan o Clinton ya han expresado sus disculpas a la comunidad nipoamericana por estos hechos, mientras que su Poder Judicial y Legislativo han participado directamente en acciones para subsanar estas faltas, consiguiendo una disculpa formal e indemnizaciones (ver anexo).
En el Perú, el ex presidente Alan García, en un acto de inauguración de la Clínica Centenario Peruano Japonesa, lo hizo en el 2011, pidiendo disculpas en nombre del gobierno por los atropellos a los japoneses y sus descendientes en el Perú. “Un grave delito que quedó en el silencio, como si nada hubiera ocurrido”, subrayó, pidiendo perdonar a los culpables de los abusos cometidos y mirar hacia el futuro.
Indemnización a latinos LA LUCHA CONTINÚACon la creación de un proyecto para guardar las declaraciones de los sobrevivientes de los campos de internamiento, se inició la lucha de los japoneses latinoamericanos para obtener una compensación justa a través de la "Campaña de Justicia - Compensación Ahora para Japoneses Latinoamericanos" (ddr-densho-106-11. B.Shibayama Collection) En 1988 el entonces presidente de los EE.UU., Ronald Reagan, rubricó un mandato presidencial para indemnizar con 20 mil dólares y una carta formal de disculpas a cada una de las más de 110 mil personas inocentes que durante la Segunda Guerra Mundial fue confinada a campos de concentración, con lo que culminaba una larga lucha de los estadounidenses de origen japonés por obtener justicia y el reconocimiento del gobierno por haber violado sus derechos. Pero en esta lista de reparaciones no figuraron las víctimas provenientes de varios países de Latinoamérica, principalmente del Perú, donde 1800 personas fueron prácticamente secuestradas desde 1942. Se les dijo que por haber ingresado al país en calidad de “ilegales” no eran elegibles para obtener el mismo derecho. Ante este hecho, en 1991 familias peruanas que fueron confinadas en los campos se organizaron para crear el Proyecto Historia Oral Peruano Japonés (JPOHP) que se abocó a grabar en vídeo manifestaciones de muchas de las víctimas, relatando sus experiencias en los días de reclusión. En 1996 se puso en marcha desde los Estados Unidos la “Campaña por Justicia - Compensación Ahora para Japoneses Latinoamericanos” (https://jlacampaignforjustice.org/), una coalición de representantes de familias peruano japonesas que estuvieron en los campos, entidades nikkei locales, así como grupos activistas por las libertades y vinculadas a la lucha por reivindicaciones. La campaña realizó diferentes actividades en Perú, Estados Unidos y Japón difundiendo el caso en conferencias publicas y apariciones en los medios de comunicación. La presión ejercida en las cortes de justicia consiguió que el gobierno Clinton decrete entregar una compensación de 5 mil dólares y una carta de disculpas a más de 700 demandantes. No todos aceptaron el pago, considerando que la indemnización debería ser la misma que la que recibieron los norteamericanos. Uno de ellos fue Art Shibayama (originalmente Arturo, antes de ser deportado, desde Lima, a los 13 años). Shibayama, que incluso como “inmigrante ilegal” fue llamado a las filas del ejército de los EE.UU. para pelear en Corea, llevó el caso a los tribunales nacionales y los perdió, para posteriormente presentarlo en el 2003 en un foro internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de la cual Estados Unidos es miembro.
Art Shibayama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que falló a su favor en un proceso que se inició en el 2003. El gobierno de Trump no envió ningún representante a las audiencias y la corte falló a favor de Shibayama y sus hermanos Javier y Jorge, declarando que habían violado su derecho a la igualdad al ser excluidos de las compensaciones de 1988. Además de ello, recomendaba al gobierno pagar las reparaciones y divulgar cualquier información que tuviera sobre el internamiento de los japoneses latinoamericanos. Art Isamu Shibayama no llegó a oír el veredicto favorable pues falleció en el 2018, dos años antes de darse a conocer, pero su prolongada lucha hizo posible que el caso fuese conocido internacionalmente. Pero su lucha y la de las organizaciones que lo apoyan continúa, dado que el gobierno Biden, al igual que su antecesor, considera que la petición debía considerarse inadmisible y que la CIDH carece de competencia para emitir una pronunciación.
