Japón se alista ante la posibilidad de declarar el estado de emergencia por segunda vez en menos de un año, a causa del aumento de contagios del nuevo coronavirus. Esta vez, el estado de emergencia solo se aplicaría en Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa, prefecturas estas tres últimas que junto con la ciudad capital, conforman lo que comúnmente se conoce como el Área Metropolitana de Tokio o el Área del Gran Tokio, una zona de 8,305 kilómetros cuadrados dentro de la cual, viven 36 millones de personas, más de la cuarta parte de la población total del país.

El primer estado de emergencia declarado por Japón a causa del COVID-19 fue el 7 abril del año pasado, primero para Tokio y otras seis regiones del país y luego para el resto del archipiélago, situación que culminó a partir del 14 de mayo de forma escalonada, tomando en consideración la forma en que cada prefectura y región había logrado contener la enfermedad y liberar la presión de su sistema sanitario, criterio que todo parece indicar, también se aplicará esta vez.

El estado de emergencia en Japón no tiene el mismo significado o no es igual al que aplica la mayoría de países alrededor del mundo, en los cuales la población es objeto de cuarentenas obligatorias y toques de queda, y se encuentra sujeta a multas o penas de cárcel si rompe con lo que ordenan las autoridades.

Explicado de forma concreta y resumida, el estado de emergencia en Japón no faculta al gobierno a imponer cuarentenas rígidas o toques de queda, obligar a los ciudadanos a que se queden en casa y castigarlos de alguna forma si no lo hacen. El estado de emergencia tampoco le da a las autoridades facultades irrestrictas para cerrar comercios de cualquier tipo.

Una segunda característica, si se le puede calificar como tal, que hace tan sui generis el estado de emergencia en Japón, es que el mismo no apela a la fuerza sino al criterio y civismo de la ciudadanía para superar un momento difícil para el país. El gobierno le pide a sus ciudadanos que por favor sigan las indicaciones al pie de la letra, una conducta que obedece el 99% de la población en el entendimiento de que el bien grupal es más importante que el personal, y de que las autoridades actúan en beneficio de todos.

Ante un panorama tan idílico una pregunta surge sola: si la ciudadanía es tan consciente y responsable, ¿por qué no sigue las indicaciones de las autoridades que desde hace meses, le vienen pidiendo autocontrol para mantener el virus a raya, y así evitar la declaración del estado de emergencia?

La respuesta es bastante sencilla y ha sido explicada numerosas veces tanto por la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, así como por el primer ministro  Yoshihide Suga: la posible declaración del estado de emergencia no es consecuencia de la desobediencia, el desborde o los excesos de la población, sino una medida preventiva ante el posible colapso del sistema sanitario si los contagios siguen aumentando al mismo ritmo.

Contagios que se generan en las actividades normales del día a día, en un país pequeño y superpoblado que al 4 de enero, “sólo” registraba 242,000 contagios y 3,600 muertos. Por ello es que el estado de emergencia sólo se declararía en Tokio y prefecturas aledañas y no en el resto de provincias, donde la situación se mantiene estable. Incluso y según se especula, el estado de emergencia no se aplicaría para las escuelas, que seguirían funcionando normalmente.

Lejos de lo que se pueda pensar, la actitud del pueblo japonés, la conducta de sus  autoridades y el espíritu de las leyes que gobiernan el país, no son producto de un mundo de cuento de hadas donde todo ha sido perfecto. Muy por el contrario, Japón se ha convertido en el país que es actualmente debido a una historia plagada de sufrimiento, violencia y brutalidad, que si bien no le proporciona todas las respuestas, si le muestra claramente los caminos por los que no debe transitar.

La Constitución

Que el estado de emergencia no le permita al gobierno imponer medidas restrictivas extremas, tiene su origen en la mismísima actual constitución del país.

El carácter militarista, beligerante y conquistador del imperio japonés hasta la Segunda Guerra Mundial, fue respaldado por lo que se conoce como la Constitución Meiji, una carta magna que rigió desde el 29 de noviembre de 1890 hasta el 2 de mayo de 1947, la cual le concedía al emperador un poder ilimitado sobre sus súbditos, dando lugar al absolutismo y al exceso de poder.

La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación del país por parte de las Fuerzas Aliadas (Estados Unidos), devino en la redacción de una nueva Constitución que eliminó de cuajo cualquier rastro de absolutismo, resaltando en cambio lo que muchos entendidos llaman “el respeto a los derechos humanos”. De allí que las actuales leyes no le proporcionen al gobierno, las herramientas para imponerle a la ciudadanía ningún tipo de conducta, restricciones o penalidades durante el estado de emergencia.

Si bien la “Constitución de la Paz” o “Constitución de Posguerra” como también se conoce a la actual carta magna nipona, fue un documento redactado e impuesto al gobierno japonés por el bando vencedor, lo cierto es que de alguna forma este documento logró reflejar al menos en parte, los deseos de la población, que de un día para el otro pasó de ser un conjunto de súbditos a un conjunto de ciudadanos o lo que es lo mismo, pasaron de no tener derecho alguno y estar sometidos a la voluntad del emperador, a ser un grupo de ciudadanos cuya Constitución fue inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento que defiende “los derechos naturales y civiles, sagrados e imprescriptibles” del ciudadano.

La actual carta magna japonesa fue promulgada el 3 de noviembre de 1946 y entró en vigencia seis meses después, el 3 de mayo de 1947.